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miércoles, 21 de octubre de 2015

CORRUPCIÓN EN CATALUÑA

Fundacion CatDem en Barcelona

Agentes ante la fachada de la sede de CDC en Barcelona que esta siendo registrada.

Detenido el tesorero de CDC en una operación contra la trama del 3%

La Guardia Civil registra las sedes de siete constructoras, entre ellas una filial de ACS.

La Guardia Civil está desarrollando desde antes de las ocho de la mañana una macrooperación contra la denominada trama del 3% que hasta el momento se ha saldado con la detención de diez personas, entre ellas, Andreu Viloca, tesorero de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), el partido del presidente en funciones de la Generalitat Artur Mas. También han sido detenidos siete empresarios acusados de haber pagado comisiones ilegales a CDC cambio de contratas de obras procedentes de administraciones gobernadas por políticos de este partido. Agentes de la Guardia Civil también han entrado en los Ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
Uno de los arrestados es Josep Antoni Rossell i Polo, director general de Infraestructuras.cat, organismo de la Generalitat responsable de la obra pública. También el consejero delegado de la constructora Copisa, Xavier Taulé, quien también está imputado en la causa que investiga la Audiencia Nacional por el pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrosola, hijo del expresidente catalán.
Entre las constructoras registradas y cuyos responsables han sido detenidos se encuentran Urbaser, Rogasa, Grupo Soler, Oproler y Dec4. Urbaser es una filial del grupo constructor ACS. La fundación de esta constructora ha sido una de las mayores donantes a las fundaciones de Convergència en los últimos años, con 390.000 euros en total.
La sociedad Rogasa (acrónimo de Romero Gamero SA) pertenece al mismo grupo que la constructora Rehac SA, cuyo administrador único es José Luis Romero Gamero. Rehac SA figura también entre los donantes a Convergència, aunque en este caso con un importe menor: 22.000 euros entre 2008 y 2009.
El Grupo Soler es uno de los mayores donantes al partido en los últimos años, con un total de 590.000 euros. Esta empresa, situada en Sallent (Barcelona), fue la que pagó a la fundación CatDem el 3% exacto de una obra llevada a cabo en 2009 en Sant Fruitós del Bages, según avanzó EL PAÍS el pasado 10 de septiembre.
Oproler es una constructora de Madrid que ha llevado a cabo varios proyectos de obra pública con el Grupo Soler. Alguno de sus directivos también figura en la lista de donantes a las fundaciones de Convergència.
Las detenciones llevadas a cabo esta mañana han sido ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y se producen tras el análisis de la documentación que halló la Guardia Civil a finales del pasado mes de agosto durante varios registros en domicilios y en la sede de la fundación CatDem en Barcelona, filial CDC. Viloca es administrador de CatDem y responsable financiero de CDC.
El juzgado de El Vendrell que ha ordenado estas detenciones es el mismo que el 28 de junio pasado ordenó el ingreso en prisión del alcalde de Torredembarra (Tarragona), Daniel Masagué, tras descubrir que había recibido 400.000 euros del grupo Teyco, adjudicatario de obras del Consistorio convergente.
Las investigaciones realizadas al efecto descubrieron posteriormente nuevos pagos al alcalde que totalizaban 1,43 millones. Y, tirando de este hilo, han destapado todo un entramado de comisiones pagadas a CDC por parte de empresas beneficiarias de contratas públicas. Este es el origen de la redada de hoy y el motivo por el que las pesquisas las desarrolla la comandancia de Tarragona, aunque a ellas se ha unido la Fiscalía Anticorrupción.

 

Registros en domicilios y empresas

El operativo que se desarrolla en este momento incluye, aparte de la detención de Viloca y de varios empresarios, 20 registros en domicilios particulares y empresas sospechosas de haber pagado comisiones a CDC. Uno de los registros está teniendo lugar en la propia sede central de CDC en Barcelona.
El pasado 28 de agosto, miembros del instituto armado entraron y registraron el despacho del tesorero Viloca en la sede de CDC. Inicialmente, el juez no tenía previsto registrar este despacho. Sí el que Viloca posee en la sede de CatDem, puesto que también es el administrador de esta fundación. Hubo un imprevisto: al entrar los agentes en CatDem y preguntar por el despacho de Viloca, un empleado de la fundación les comentó que en ese momento no estaba allí y que lo más probable es que le encontrasen en su despacho de la sede del partido, del que es tesorero. El juez instructor facultó entonces a los agentes para que registrasen exclusivamente el despacho de Viloca en CDC. Cuando llegaron, Viloca estaba allí, pero también observaron que había papel recién triturado en una papelera de la dependencia. La sospecha es que alguien de CatDem dio un chivatazo a CDC. Los agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona han logrado recomponer los papeles triturados que hallaron en la papelera del despacho de Viloca. En ellos aparecen varios nombres de empresas, entre ellas Teyco, que están siendo investigadas por pagos de comisiones al partido.
El juez de El Vendrell ha autorizado hoy a los agentes para que registren varias dependencias del partido de Artur Mas, aparte del despacho de Viloca. Tras varios meses de pesquisas, los investigadores creen tener atado parte del entramado del 3%, si bien las cantidades supuestamente abonadas por las empresas al partido no se limitan únicamente a ese porcentaje. Las pesquisas revelan que parte de las comisiones supuestamente pagadas a CDC (normalmente a través de la fundación CatDem) coinciden en el tiempo con adjudicaciones de contratas y muchas de ellas son superiores al 3%. También las hay inferiores. Según fuentes de las pesquisas, las pruebas obtenidas hasta ahora (y que son el detonante de las detenciones y registros de hoy) avalan que el partido de Mas viene obteniendo desde hace años financiación ilícita de empresarios afines al partido que además resultan beneficiarios de contratas de la Generalitat y ayuntamientos con alcaldes de CDC. Fue el expresidente socialista Pasqual Maragall el que, hace diez años, acusó públicamente a CiU (hoy CDC tras la salida de su socio Unió Democràtica de Cataluña) de tener “un problema con el 3%”, refiriéndose a supuestas mordidas del partido en la concesión de obras.
El origen de la operación de hoy es un documento hallado por la Guardia Civil el pasado 23 de julio en la caja fuerte de Jordi Sumarroca, consejero delegado de Teyco e hijo de uno de los fundadores de CDC. Ese documento detalla dos pagos, de 50.000 euros cada uno, que fueron abonados por la constructora a la fundación CatDem. Junto a esas cifras figuran, además, las fechas de los abonos: los días 4 y 10 de mayo de 2009. El documento está escrito en un ordenador, pero también contiene anotaciones manuscritas que han resultado claves para desmadejar las conexiones entre esta constructora y CDC. En el documento figuran también anotados los nombres de cinco Ayuntamientos convergentes —los de Figueres, Sant Cugat, Sant Celoni, Lloret de Mar y Torredembarra— junto al importe de contratas recibidas por parte de Teyco, que en este caso sí coinciden con el 3%.
El pasado 4 de enero, EL PAÍS adelantó un informe del entonces fiscal jefe del Tribunal de Cuentas que apuntaba a la existencia de varios delitos, entre ellos financiación ilegal, en las cuentas de Convergència del ejercicio de 2012. El fiscal observó que había trasvases de dinero entre CatDem y CDC indebidamente justificados. En concreto, dijo el fiscal, “un total de 1,7 millones de euros que CDC contabiliza como ingresos por servicios que supuestamente ha prestado a Convergència i Unió y a sus grupos institucionales, así como a las fundaciones CatDem (antes denominada Trías Fargas) y a Fórum Barcelona, que no están debidamente acreditados”.
COMENTARIO:
Es muy poco ético, pero es un problema generalizado que nadie quiere solucionar. Todos los partidos políticos relevantes han tenido algún escándalo de financiación ilegal. Sea mediante comisiones inmobiliarias, sea mediante contabilidad creativa de inversiones públicas, sea mediante compra de helicópteros, quien más y quien menos ha sido cazado con más o menos fortuna tratando de añadir dinero a las arcas del partido. Que yo recuerde, no hay casi ningún país ni sistema de financiación (público o privado) que no haya tenido problemas en este aspecto. Ha habido partidos más torpes que otros en librarse de ir a la cárcel, pero todos han caído en la tentación, en mayor o menor medida. El segundo aspecto sorprendente es la curiosa tendencia de estos escándalos a ser “olvidados” por la oposición relativamente rápido en muchísimos casos. A no ser que la trama monetaria sea horriblemente generalizada y se lleve todos los partidos por delante (Italia), el daño político acostumbra a ser limitado.

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