Paulino rivero
El presidente canario cree que la Ley de Participación Ciudadana le permitirá convocar el referéndum «antes de septiembre u octubre»
Tras la sentencia desfavorable a sus intereses del Tribunal Supremo sobre los sondeos petrolíferos cerca de Canarias, Paulino Rivero está decidido a seguir la estela del ejecutivo catalán y anunció este jueves que convocará un referéndum sobre este asunto en las Islas, aun si el Gobierno de Rajoy rechaza la petición cursada en febrero pasado.
«Canarias puede ser un problema de Estado», dijo un amenazante Rivero, para quien el tiempo de esta consulta corre paralelo al de su propia supervivencia política, ya que el 12 de septiembre su partido, Coalición Canaria, elegirá candidato para las elecciones autonómicas y su intención de repetir choca con una fuerte resistencia en amplios sectores de la formación.
De esta manera, el presidente canario calcula que en otoño próximo podrá llamar a este referéndum en el que pretende que se conteste a la pregunta «¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?».
El Parlamento de Canarias aprobó la petición de referéndum cursada por el ejecutivo isleño al Gobierno de España el pasado 25 de febrero, basada en el Estatuto de Autonomía, y Rivero entiende que el próximo lunes vence el plazo que tiene el gabinete de Rajoy para autorizar la consulta. «Si no se autoriza, estamos decididos a impulsar los mecanismos que sean necesarios para que los canarios expresen su opinión clara y nítida sobre si están en contra de las prospecciones», advirtió.
Ley abandonada
Ante el más que predecible silencio, Rivero ha sacado de la chistera una Ley de Participación Ciudadana que dormía el sueño de los justos desde 2010 y a la que desarrollará con dos decretos que figuran en el artículo 20 de esa norma y que acaban de ser dictados por el Ejecutivo canario.
Sin la posibilidad de contar con los padrones electorales, se especula como probable la posibilidad de que la consulta se haga sobre la base de una inscripción voluntaria de los ciudadanos que deseen manifestarse sobre este asunto.
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