Pujas fantasma, contratos “excesivamente” largos; una participación “alarmantemente” reducida de empresas... La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha presentado un informe que deja en muy mal lugar el proceso puesto en marcha por aquellas autonomías que han privatizado la gestión de algún hospital público de su territorio. De los 43 centros hospitalarios privatizados en España, 17 pasaron a manos privadas tras pujar una única empresa. En el informe, que no recoge los datos de Andalucía porque se negó a facilitar la información, el resultado es demoledor: hay importantes deficiencias en el proceso que “habría que corregir en el futuro”.
Desde que Valencia aplicó el ‘modelo Alzira’, el primer hospital público cuya gestión pasó a manos privadas, siete autonomías han copiado el ejemplo para intentar cortar la hemorragia que les supone mantener el gasto sanitario. En la Comunidad Valenciana, los hospitales públicos que han externalizado la gestión integral son seis, y cinco de ellos fueron traspasados con una única oferta sobre la mesa.
La primera región que copió a Valencia fue Madrid, que ya cuenta con ocho hospitales en manos privadas. Los últimos seis centros que pretendía ceder a alguna compañía está en estos momentos paralizado en un proceso judicial que se antoja largo. El organismo critica duramente que se subastaran en cinco lotes, “algunos con un tamaño relativamente parecido entre sí”.
Competencia reconoce que habría sido preferible “haber separado temporalmente las licitaciones” y diseñar “lotes más asimétricos en cada licitación” para evitar que se otorgue una fuerte ventaja al gestor frente a sus potenciales rivales. En Madrid, siete hospitales de los 15 externalizados –o en proceso- recibieron la oferta de una única empresa.
En La Rioja, los dos únicos hospitales privatizados los gestiona el mismo centro, mientras que en Navarra únicamente se presentaron dos empresas para dirigir los dos hospitales públicos que sufrieron la metamorfosis. En Cataluña se han traspasado los poderes de tres hospitales a empresas. Por dos de ellos únicamente hubo una única puja; por el Hospital Jaume Nadal Meroles se interesaron dos compañías.
Islas Baleares es la única región que evaluó al menos dos ofertas en cada uno de los catorce procesos que abrió y el hospital Universitario de Burgos, el único en Castilla y León externalizado, estudió ocho ofertas antes de cedérsela a una compañía.
“Diferencias” dentro del territorio nacional
El organismo deja en evidencia que las autonomías han consentido procesos con una participación “alarmantemente” reducida de empresas. Que en la mayoría de los procesos analizados solo se presentase un candidato podría ser porque los requisitos son “muy restrictivos”, porque los potenciales licitadores perciben un “riesgo excesivo” en los ingresos y los gastos futuros asociados al a gestión de centro.
Al organismo también le “llama la atención” las “diferencias” dentro del territorio nacional en cuanto a las duraciones iniciales de los contratos ante objetos de externalización similares. Y compara las licitaciones hechas en las áreas de salud de la Comunidad Valenciana, que preveían como norma general periodos iniciales de 15 años, y Madrid, cuando prometió un proyecto similar en Valdemoro, Torrejón y Móstoles con una duración inicial de 30 años. Tanto 15 como 30, “es una duración excesivamente larga de contratos”, avisa Competencia, que deja un mensaje a las autonomías: "Cuando el número de licitadores es bajo, es muy posible que no se estén aprovechando los potenciales beneficios de la competencia".
COMENTARIO:
Señores periodistas; lo que los políticos españoles están haciendo no es privatizar, sino sustituir monopolios públicos por monopolios privados.
Privatizar sería que la sanidad que del Estado dependa sea prestada en régimen de libre competencia por empresas privadas y además que los pacientes pudieran elegir individualmente a los médicos y hospitales en los que quieren ser atendidos.
Sin embargo lo que realmente se hace es decir que se privatiza y que eso de la competencia está muy bien y luego mantener un MONOPOLIO en el que el Estado asegura a una empresa privada unos ingresos por periodos de varias décadas. Es decir, sustituyen trabajadores funcionarios por empresas "funcionarias" con contrato a perpetuidad.
Y todo ello no es creado por políticos modélicos, sino por la casta más corrupta que hemos conocido nunca. ¿Qué podemos esperar de ellos? Evidentemente más de lo mismo. Están intentando asegurar su futuro, ya que sólo saben vivir de la política, de robarnos a nosotros.
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