COMENTARIO PERSONAL:
ME TEMO QUE ESPAÑA O LO QUE QUEDA DE ELLA SE HA VUELTO INGOBERNABLE YA QUE LA CONSTITUCIÓN HACE TIEMPO QUE REPOSA POLVORIENTA EN LAS ESTANTERÍAS DEL CONGRESO , DEL SENADO Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NADIE LE HACE CASO Y ME PREGUNTO: ¿QUÉ HACE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y PARA QUÉ SIRVE, PARA LUCIR TOGAS?.¿QUÉ PASARÍA SI ALGUNA AUTONOMÍA SE REVELA Y SE NIEGA A NO CUMPLIR LAS CONDICIONES DEL RESCATE DEL ESTADO.?¿COMO SE LA PUEDE OBIGAR A PAGAR?¿QUIÉN LO PUEDE HACER Y CON QUÉ MEDIOS DE PERSUASIÓN CUENTA EL GOBIERNO DE TURNO PARA HACERLA ENTRAR EN RAZÓN? ESPAÑA YA NO EXISTE, ES UNA QUIMERA ,UN SUEÑO, UNA ILUSIÓN QUE ALGUN DÍA FUE PERO QUE AHORA YA NO LO ES.¡OH INCIERTO FUTURO¡¿DÓNDE Y CUANDO ESTE NAVIO, ESCORADO, AGRIETADO, CON NUMEROSAS VIAS DE AGUA,CON UN CAPITÁN INESPERTO SOMETIDO A LAS LEYES PIRATAS Y CON LA REBELIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE A BORDO, MAUFRAGARÁ ENTRE LAS NIEBLAS POLÍTICAS DE UN MAR ENBRAVECIDO EN NOCHE ETERNA DE PESADILLA CONSTANTE?.
José Ángel Miyares Valle
Cataluña se rebela contra la reforma educativa.
La Generalitat llevará al Constitucional el plan si el Gobierno mantiene el textoArtur Mas convoca a los partidos de izquierda a una reunión la semana próxima
Andalucía también estudia impugnar el nuevo borrador
El PP insiste en que la reforma cumple sentencias judiciales
Wert blinda la enseñanza en castellano
La Generalitat denuncia “el mayor ataque al catalán desde 1978”
Reforma de bajo coste para el ministerio
Itinerarios y centros concertados.
La Generalitat de Cataluña asegura que aplicará la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y se ha negado a aceptar la reforma educativa que prepara el Gobierno, que prevé reducir las horas de clase que se imparten en catalán y garantizar la escolarización en castellano, aunque sean en colegios privados, a costa de la administración autonómica. Después de la reunión de Ejecutivo catalán este mediodía, el portavoz Francesc Homs ha asegurado que "ante la ofensiva contra la lengua catalana, el gobierno catalán no ahorrará ni energías ni capacidad institucional para hacerle frente".
El nuevo plan de reforma educativa del Gobierno, conocido este lunes y que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentará oficialmente esta tarde a las comunidades, ha desatado una cascada de reacciones en las comunidades no gobernadas por el PP, especialmente Cataluña. El presidente catalán en funciones, Artur Mas, ya se ha puesto en contacto con los partidos de izquierda y ha convocado una reunión para el miércoles de la semana próxima. De momento, al encuentro asistirán, además de CiU, el Partit dels Socialistes, Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV). "Es hora de hacer piña", ha clamado Homs, quien ha vuelto a defender el modelo de inmersión lingüística. "Los resultados avalan el modelo, así que reformas como esta solo se pueden entender desde el desconocimiento o de mala fe", ha remachado.
La consejera de Enseñanza de Cataluña en funciones, Irene Rigau, ha asegurado este martes que la reforma, tal y como consta en el borrador, "no se puede aplicar" y ha anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. La responsable de educación catalana pedirá a Wert la retirada del borrador durante la Conferencia de Educación que tendrá lugar a partir de las cuatro de la tarde en Madrid.
Rigau ha considerado "inimaginable" aplicar esta norma en Cataluña y ha hecho un llamamiento a hacer cumplir la ley de la Generalitat en caso de que prospere la estatal tal como está planteada. La consejera ha recordado que el borrador no respeta el artículo 3 de la Constitución al no dar un "trato adecuado" al catalán, invade competencias y no cumple con el Estatuto de Cataluña. En consecuencia, Rigau sostiene que si el ministerio no hace "modificaciones" en el anteproyecto, la Generalitat llevará la ley ante el Tribunal Constitucional (TC). Si esto fuera así, ha afirmado, la consejera cree que el apoyo de la sociedad al Gobierno catalán sería total para "evitar" aplicar la ley.
Rigau ha criticado que hasta el pasado viernes se había trabajado con otro texto sin "una línea de lengua" y que este nuevo borrador se lo enviaron a mediodía del lunes. “Es decir, cuando ya habían pasado las elecciones catalanas”, ha afirmado.
Los partidos catalanes también están mostrando su rechazo a la reforma de Wert, que consideran un ataque en la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística, considerado un éxito por los expertos. Los partidos de izquierda han apostado para hacer un frente común para defender la escuela catalana y se han mostrado partidarios de presentar un recurso de inconstitucionalidad. “Parece que el señor Wert continúa con su intención de españolizar a los niños”, ha dicho el primer secretario del PSC, Pere Navarro.
Los partidos catalanes, dispuestos a hacer un frente común en defensa del catalán.
“Si esto sale adelante, vamos juntos al Parlamento de Cataluña para llevarlo al Tribunal Constitucional porque es un intento de cargarse la inmersión lingüística y la convivencia”, ha asegurado el líder de ICV, Joan Herrera, quien ha pedido la dimisión del ministro Wert.
Desde Esquerra, en cambio, apuestan por no dedicar ni un segundo a negociar la reforma. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, asegura que "no hay que poner parches" a esta futura ley, sino que la Generalitat debe seguir aplicando la LEC. Junqueras también ha reclamado a CiU que acelere el proceso para convocar la consulta soberanista y que rompa sus pactos con el PP que mantienen en varios ayuntamientos (Badalona o Castelldefels), en la Diputación de Barcelona o en la corporación de medios de comunicación públicos. “No sé qué más debe pasar” para que CiU rompa con el PP, se ha preguntado. Junqueras también ha cargado contra el Estado, al que le ha acusado de atentar contra los intereses de Cataluña. “Lo único que les preocupa es cómo llevan a Cataluña a la ruina económica y miseria intelectual y cultural”.
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que esta legislatura se estrenará en el Parlament con tres diputados, también ha arremetido contra los planes de Wert y han llamado a la “desobediencia social” para que las escuelas no la apliquen. El diputado electo de la CUP, David Fernández, ha calificado al ministro de “general Espartero del siglo XXI”, que hace 170 años ordenó bombardear Barcelona para sofocar una revuelta popular.
”Si resistimos al franquismo, resistiremos también al ministro Wert”, aseguran los maestros.
La comunidad educativa también se muestra dispuesta a desobedecer la reforma. La Asociación de Maestros Rosa Sensat ha llamado a una “insumisión absoluta” a la reforma. ”Si resistimos al franquismo, resistiremos también al ministro Wert”, ha clamado su presidenta Irene Balaguer. La entidad Somescola, que agrupa a 26 organizaciones vinculadas a la educación en Cataluña, asegura que la reforma es un atentado a la lengua, a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades, y además supone un retroceso a “un pasado predemocrático”.
La Federación de padres y madres de Cataluña (Fapac) también ha mostrado su “indignación” y “rechazo” a la reforma educativa que ha achacado a un “tema de ideología y de fanatismo” que busca “crear confrontación y a dividir la sociedad”, ha aseverado la entidad en un comunicado. La Fapac también ha censurado el hecho de que la nueva ley se haga “sin consenso y con muy poco diálogo”.
Los sindicatos también se han mostrado combativos ante la reforma. Desde UGT acusan a Wert de impulsar un “apartheid lingüístico en las escuelas” y de querer retroceder “a aquella época donde el catalán solo se podía hablar en la intimidad del hogar”. Relegar el catalán a una asignatura optativa demuestra, según este sindicato, “el carácter fascista del ministro y del Gobierno, queriendo eliminar rasgos diferenciales, como ya lo hizo Felipe V, Franco, y ahora Wert”. Por su parte, CC OO califica la reforma educativa de “ideológica”, que busca “hacer prevalecer una concepción elitista y selectiva del sistema educativo”. Con más prudencia se ha pronunciado Ustec, que apuesta por negociar antes de declarar la desobediencia, ya que la nueva normativa, además de tocar la lengua, supone un “aumento de la mercantilización y de privatización de la educación”.
SANIDAD GARANTIZA QUE LOS MEDICAMENTOS DE INGRESOS HOSPITALARIOS NO TENDRÁN COPAGO.¡FALTARÍA MÁS¡ NOS LO DAN COMO FAVOR. ¡VAYA CARA¡
El PSOE insinúa que una modificación en la Ley del Medicamento abriría la puerta a cobrar medicamentos del VIH o cáncer.
Ni los medicamentos para el tratamiento del VIH, ni los de la tuberculosis ni otros de receta hospitalaria como el interferón beta para la esclerosis múltiple estarán sujetos a copago. El Ministerio de Sanidad garantiza su gratuidad, como hasta ahora, pese a una modificación de la Ley del Medicamento que parecía equiparar los medicamentos de la farmacia hospitalaria a los que se suministran en las boticas a través de receta médica.
El cambio está relacionado con la implantación de la receta electrónica para unificar la aportación del usuario si le dispensan el fármaco en el hospital o si se receta en el centro de salud y se compran en la farmacia. Sanidad asegura que solo afecta a los fármacos que también están en la farmacia.
El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, alertó de este cambio que dejaba la puerta abierta al copago para estos tratamientos de uso hospitalario. Olmos advertía que «aplicar el copago a los medicamentos dispensados de manera ambulatoria en los hospitales afectaría a tratamientos como el del VIH/Sida o el de la hepatitis C, que pueden costar hasta 40.000 euros al año, una cantidad que no estará al alcance de la mayoría de los pacientes». Desde el departamento que dirige, Ana Mato, se asegura que la interpretación del PSOE es «absolutamente falsa» y que los medicamentos de los hospitales, ya sean suministrados durante un ingreso hospitalario o de forma ambulatoria, «seguirán estando exentos de pago».
Modificación del BOE
El pasado sábado, 1 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que introducía una modificación del artículo 94 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo a las aportaciones de los usuarios. En el primer punto de dicho artículo se amplía el concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria para incluir en él, además de a los medicamentos dispensados mediante receta médica, a los que «se dispensan al paciente mediante orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia».
En concreto, las órdenes de dispensación hospitalaria son el documento que se utiliza para prescribir a pacientes no ingresados «medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia hospitalaria a dichos pacientes». De este modo, al ampliar el concepto de prestación farmacéutica ambulatoria se estaría también ampliando el abanico de medicamentos «sujetos a aportación del usuario», el llamado copago farmacéutico, como establece el segundo punto del citado artículo 94. «La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario», reza el articulado tras su última modificación, para luego detallar los porcentajes de copago según renta del ciudadano estipulados tras la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad.
Enfermedad de Crohn, artritis
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, entre los medicamentos que requieren orden de dispensación hospitalaria están algunos tratamientos contra el cáncer, la hepatitis C, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple o numerosas enfermedades raras. Su precio varía en función de la duración de los mismos y el número de dosis requerida.
Por ejemplo, el fármaco para la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn adalimumab cuesta unos 1.127 euros por envase (que incluye dos jeringas de 40 miligramos), pero si se tiene en cuenta que el tratamiento requiere al menos 6 envases el coste ascendería a unos 6.762 euros. Asimismo, algunos tratamientos para la esclerosis múltiple como el interferón beta 1a o 1b, el natalizumab o el fingolimod también requieren orden de dispensación hospitalaria, y el coste medio anual del tratamiento suele ascender a unos 14.500 euros por
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