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jueves, 6 de diciembre de 2012

LOS FUNCIONARIOS EUROPEOS NO PADECEN LA CRISIS

"GOOGLE-BLOGGER-PICASA NO ME DEJA PUBLICAR MIS FOTOS"
Bruselas propone subir el sueldo de los eurofuncionarios un 1,7% pese a la crisis.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una subida del 1,7%para los salarios de los funcionarios europeos en Bruselas el próximo año, pese al recorte impuesto por la crisis a este colectivo en países como España y Países Bajos.

El Ejecutivo comunitario defiende que este ajuste se traducirá en una pérdida del 1,1% del poder adquisitivo de los eurofuncionarios basados en Bruselas, teniendo en cuenta la elevada inflación en Bélgica.
La evolución de los sueldos de los funcionarios de la UE se calcula usando como referencia los cambios en los salarios de los trabajadores públicos de España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. También se tiene en cuenta el coste de la vida en el país en el que el funcionario está viviendo.

Para que el ajuste de los salarios de los funcionarios de la UE se haga efectivo es necesario primero que los Veintisiete den su visto bueno a lo largo de este mes de diciembre.
Bruselas asegura que su propuesta "refleja con exactitud la difícil situación económica y su muy distinto impacto en las administraciones nacionales" y no cree necesario activar la 'cláusula de excepción que permitiría suspender esta fórmula de cálculo ante un "grave y repentino deterioro de la situación económica y social".

Así las cosas, el incremento salarial que propone la Comisión se basa en la subida a los funcionarios en Alemania (4,3 %), Bélgica (2,5 %), Luxemburgo (2,5 %), Francia (1,8 %) y Reino Unido (0,9 %), pero también la congelación en Italia y la bajada en España (3 %) y Países Bajos (1,9 %).

¿Cuánto han perdido los funcionarios desde que comenzó la crisis?
Los funcionarios volverán a sufrir un tijeretazo en sus sueldos en 2013, esta vez por la vía de la congelación salarial. Será el cuarto ejercicio consecutivo en que la dureza de la crisis y la crítica situación de las arcas públicas impactan en sus retribuciones. Desde 2010 acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%, un recorte que ha aliviado de forma considerable la situación de las Administraciones en su principal partida de gasto. El sindicato mayoritario de la función pública, CSI-F, eleva el impacto total en su capacidad de compra hasta una horquilla situada entre el 25% y el 30% porque previsiblemente han tenido en cuenta la pérdida de una serie de complementos retributivos, como los que percibían en caso de baja.

Además, en algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Madrid o Castilla La Mancha, el recorte ha sido algo superior porque se han producido ajustes de sueldo adicionales por parte de sus respectivos gobiernos autonómicos.

Traducido en euros, el ahorro total para las arcas públicas en sueldos de funcionarios en ese cuatrienio sumará unos 27.000 millones, una cifra que se dimensiona mejor si la comparamos con otras partidas de gasto. Por ejemplo, ese dinero, casi el 3% del PIB, equivale al pago de cuatro nóminas completas a los cerca de 8,7 millones de pensionistas que hay en España. Representa, por ejemplo, casi toda la partida que se destina en un año a pagar la prestación por desempleo a los 2,7 millones de parados que la perciben; o el 70% de lo que se gasta el Tesoro en pagar los intereses de la deuda pública en un año. Con esos fondos se podría también sufragar el presupuesto para inversión pública del Estado durante tres años.

Y es que la nómina total de los empleados públicos es la parte más abultada del gasto conjunto de las Administraciones españolas. En 2010 rondaba los 130.000 millones de euros, el 26% del gasto público total. Con ellos se pagó a los casi 2,7 millones de empleados públicos. Para este año, solo la Administración central prevé destinar 27.339 millones de su presupuesto a pagar nóminas a los 592.531 trabajadores que dependen de ella.

El ciclo del ajuste se remonta a 2010. Zapatero, ante la enorme presión de Europa, aplicó sobre la marcha un ajuste medio del 5% en los sueldos de los empelados públicos. En 2011 hubo congelación mientras la inflación subía el 2,4%. Este año los presupuestos generales tampoco revisaron los sueldos en enero y en julio se decidió suprimir la paga de Navidad, lo que equivale a un recorte de retribuciones del 7%. Al mismo tiempo, la inflación hasta agosto ha subido el 2,7% en tasa interanual. Finalmente, el Gobierno acaba de anunciar recortes y otra nueva congelación de sueldos en 2013 mientras la estimación oficial de subida de precios que no verán compensada los funcionarios se situará en el 2%.

Y los recortes sobre este colectivo no acaban aquí. A comienzos de año el Gobierno redujo el número de días de libre disposición de los empleados públicos, aumentó la jornada de 35 horas a la semana a 37,5, endureció las condiciones retributivas en caso de incapacidad temporal y congeló la oferta de empleo público salvo en algunos cuerpos concretos. De hecho, este año ha empezado a bajar por primera vez el número de trabajadores de las administraciones. ¿Acabará aqui el saneamiento del sector público? Nuestros socios y acreedores europeos tienen la palabra, con rescate o sin rescate.

¿Hay dinero en este país para pagar a 2,7 millones de funcionarios?
En un intento por aplacar el estado de indignación de los funcionarios, que están saliendo a la calle un día sí y otro también para protestar por la rebaja de sueldos y la pérdida de días libres, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lanzado un mensaje que ha disparado aun más si cabe la preocupación social por la situación del país.

"No hay dinero, señorías. Los funcionarios saben mejor que nadie que no hay dinero en las arcas públicas, que nuestro sueldo depende de los impuestos, y si no sube la recaudación, señoría, estamos en riesgo de pagar esas nóminas. Eso es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales de España. ¿Pero no podemos decirlo sensatamente, tranquilamente?".

¿Se puede considerar un exceso o es el viejo recurso de meter miedo para que el colectivo deponga sus protestas y abandone la calle? Puede haber algo de las dos cosas. Cierto es que la salud de las cuentas públicas es preocupante. Hasta mayo, el Estado registró un déficit del 3,41% del PIB, el 30,6% más en comparación con la cifra del mismo periodo del año anterior. Y lo que es peor, la cifra prácticamente roza el objetivo del 3,5% fijado para el conjunto del año. La Europa del Norte, la Europa rica, y sobre todo los mercados, nos miran con lupa y no están dispuestos a permitir desliz alguno en materia de desviación del déficit. Por eso el Gobierno dice que lo que no se puede pagar hay que quitarlo.

Por su parte, las Comunidades Autónomas no tienen un euro. Se ha habilitado un mecanismo especial de urgencia para financiarlas dotado con 18.000 millones porque nadie está dispuesta a prestarles dinero. La posibilidad de intervención de varias de ellas por el Estado es más que factible y las declaraciones desafiantes de algunos presidentes sólo pueden entenderse en este contexto.

En el fondo, lo que ocurre es que están saltando las costuras de un modelo de Administración redundante y desorganizado que podía valer para los tiempos donde no se hacían demasiadas preguntas sobre el destino del dinero público. Los datos son elocuentes. Mientras en los últimos años España ha destruido cientos de miles de empleos en el sector privado, entre 2007 y 2011 los empleados de las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) aumentaron un 5,3% (son 2,7 millones de personas). En una época de mejoras tecnológicas y de productividad aceleradas, las administraciones públicas ganaron entre 2007 y 2011 un total de 135.517 empleados en sus plantillas.

Los empresarios han terciado también en el problema y abogan abiertamente por reducir el número de funcionarios en vez de optar por bajadas de sueldos. Para la CEOE recortar sueldos es desincentivador y daña el capital humano de la Administración. Es mejor, añaden, ajustar las plantillas a las necesidades de la economía para que se puedan bajar los impuestos. En pocos meses, en función de cómo evolucione el déficit, veremos si Montoro ha querido asustar o ha contado la cruda realidad.